Fallo contra DACA aumenta presión al Congreso para que apruebe ley que incluya la ciudadanía para los dreamers

Tras el fallo de un juez federal de Texas el viernes, que prohibió al gobierno adjudicar nuevas solicitudes bajo el amparo de la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia de 2012, la comunidad de dreamers de inmediato se movilizó para pedir al Congreso que apruebe una ley que regularice sus permanencias e incluya un camino hacia la ciudadanía.

Tras el fallo de un juez federal de Texas que prohibió al gobierno adjudicar nuevas solicitudes bajo el amparo de la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia de 2012 (DACA), la comunidad dreamers de inmediato se movilizó para pedir al Congreso que apruebe una ley que regularice sus permanencias e incluya un camino hacia la ciudadanía.

Este sábado, el presidente Joe Biden aseveró que el fallo es “profundamente decepcionante” y que su gobierno tiene intención de apelarlo. “Si bien la orden de la corte no afecta ahora a los beneficiarios actuales de DACA, esta decisión relega a cientos de miles de jóvenes inmigrantes a un futuro incierto”, dijo el presidente en un comunicado publicado por la Casa Blanca.

El viernes, el juez Andrew Hanen, quien preside la Corte Federal de Distrito del sur de Texas, dictaminó poner fin parcialmente DACA en respuesta a una demanda entablada en mayo de 2018 por un grupo de estados encabezados por Texas (a la que se sumaron luego Alabama, Arkansas, Kansas, Louisiana, Mississippi, Nebraska, Carolina del Sur y West Virginia).

“La decisión del juez Hanen significa que, a partir de ayer, no se aprobarán nuevas solicitudes de DACA”, dijo United We Dream (UWD), una de las principales organizaciones de dreamers del país. “El servicio de inmigración (USCIS) puede continuar procesando solicitudes de renovación”, agregó.

Si bien el programa sigue en pie para los cerca de 700,000 beneficiarios de DACA, Hanen advirtió en la sentencia que habrá más decisiones, situación que sume al programa -y a quienes protege temporalmente de la deportación- en una nueva incertidumbre.

Lo único que puede proteger a todos los jóvenes inmigrantes de la deportación, “es un camino hacia la ciudadanía a través de la reconciliación”, precisa UWD. Y agrega que no solo dreamers se verán beneficiados con una ley, sino también titulares del Estados de Protección Temporal (TPS) y trabajadores agrícolas esenciales.

El procurador general de Texas, Ken Paxton, quien lidera el grupo de demandantes del programa, dijo en su cuenta de la red social Twitter que había “derrotado nuevamente” al gobierno de Biden en “inmigración ilegal”

No demostraron daños

El fallo emitido por Hanen permite el procesamiento continuo de renovaciones de DACA, pero no permite que se otorguen nuevas solicitudes. La decisión, contenida en un documento de 77 páginas, concluye que DACA viola la Ley de Procedimiento Administrativo y fue en respuesta “a un desafío multiestatal dirigido por Texas a la legalidad del programa”, explica el Fondo Educativo y de Defensa Legal México-Estadounidense (MALDEF), una de las organizaciones que defiende la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia.

“Este caso nunca debió haberse presentado y nunca debió haber progresado más allá de su presentación”, dice Thomas A. Saenz, presidente y asesor general de la organización. “Los abogados de MALDEF argumentaron que los estados no demostraron daños por la implementación de DACA y que la iniciativa es un ejercicio legal de la discreción presidencial”, agregó.

Saenz dijo además que “la decisión fue claramente determinada por las opiniones del juez de hace muchos años, y la decisión no concilia importantes desarrollos recientes en la ley de legitimación y la autoridad presidencial; por lo tanto, presenta numerosos motivos para una apelación potencialmente exitosa”.

“Ahora le toca al Congreso promulgar una reforma migratoria integral para que los dreamers puedan continuar construyendo sus vidas en Estados Unidos”, dijo Nina Perales, vicepresidenta de Litigios de MALDEF.

La demanda argumenta que DACA violó el procedimiento administrativo. Además, señala que el programa usa recursos estatales para la educación y la salud, y viola la ley federal. MALDEF, sin embargo, señala que los demandantes no demostraron daños y que el programa sigue vigente para aquellos que estaban registrados.

En 2015 Hanen prohibió una ampliación de DACA y la puesta en vigencia de DAPA, programa que amparada de la deportación a 5 millones de indocumentados padres de residentes legales permanentes y ciudadanos estadounidenses. El programa fue creado por el gobierno de Barack Obama en respuesta a la inacción del Congreso con respecto a la reforma migratoria.

Los próximos escenarios

Los defensores de DACA anunciaron el viernes que apelarán la sentencia de Hanen y el caso podría escalar hasta la Corte Suprema de Justicia. El segundo escenario se librará en el Congreso, donde los demócratas, que controlan ambas cámaras, buscan la manera de aprobar una ley que le otorgue a los dreamers un estado migratorio permanente.

El primer paso lo dieron el 18 de marzo, cuando la Cámara de Representantes aprobó dos proyectos de ley con respaldo bipartidista que incluye la regularización de unos 3 a 4 millones de inmigrantes indocumentados: uno para dreamers y titulares de TPS y otro para trabajadores agrícolas.

Ambos proyectos fueron remitidos al Senado, pero en la Cámara Alta, donde demócratas y republicanos tienen 50 votos cada uno y el empate lo rompe la vicepresidenta Kamala Harris, la oposición se niega a entregar los 10 votos necesarios para convertir los proyectos en ley.

Los republicanos insisten en que no aprobarán ningún plan migratorio hasta que el gobierno de Joe Biden no ponga fin a la crisis en la frontera con México.

El 24 de junio Univision Noticias reportó que las conversaciones sobre un plan para dreamers estaban a uno o dos votos para ser enviados al pleno por el Comité Judicial, pero las pláticas se dilataron no solo por el obstruccionismo del ala dura del Partido Republicano, sino también por la postura de algunos demócratas quienes plantean que la reforma migratoria debe incluir a los 11 millones de indocumentados y no solo a los dreamers.

El plan B

A pesar de que las conversaciones entre ambos partidos no se han detenido por completo para alcanzar un acuerdo migratorio bipartidista que lleve al pleno de la Cámara Alta un proyecto de ley que incluya la ciudadanía para dreamers (y probablemente titulares del TPS), el presidente del panel de inmigración de la Cámara Alta, Alex Padilla, insistió a principios de semana que, simultáneamente a ese esfuerzo, se debe incluir el tema en un paquete de reconciliación.

Y la razón es simple. Si fallan las negociaciones encabezadas por los senadores Dick Durbin (demócrata por Illinois) y Lindsey Graham (Carolina del Sur) y se estanque el debate sobre el presupuesto, echarán mano al ‘paquete de reconciliación’, una herramienta legislativa que permite aprobar leyes por mayoría simple de 51 votos y no 60 como estipula el reglamento en condiciones normales.

“Aprovecharán la corriente para incluir una de las principales promesas de campaña del presidente, aunque sea de manera reducida y deje fuera de la reforma migratoria, por ahora, a la mayoría de los 11 millones de indocumentados”, dijo una fuente demócrata con conocimiento del tema.

La herramienta del paquete de reconciliación fue aprobada por el Congreso en 1974 para facilitar la aprobación de ciertas leyes, sobre todo relacionadas con el gasto, la deuda pública y los impuestos. Los demócratas, al tener el control de la Cámara, tienen el poder para utilizarlo y avanzar en la aprobación del presupuesto y, dentro de él como enmienda, la legalización de los dreamers.

Proyecto en marcha

Padilla dijo el martes durante una conferencia de prensa telefónica, que era su “entendimiento y expectativa” que un camino hacia el estatus permanente para los inmigrantes indocumentados se incluiría en el paquete de reconciliación presupuestaria de los demócratas.

El senador por California, que ocupó el puesto de la vicepresidenta Kamala Harris, dijo además que “creo que podría ser cuestión de solo un par de meses, si se toman todas las medidas necesarias”.

Y apuntó que el esfuerzo de reconciliación era respaldado por la Casa Blanca, que no ve señales de avance en el Senado en las conversaciones que por ahora se llevan a cabo a puertas cerradas en el Comité Judicial.

“Es más importante que nunca que el Congreso actúe para proteger a los dreamers y proporcionarles un camino hacia la ciudadanía”, dijo Padilla poco antes del fallo del juez Hanen.

Mientras los demócratas siguen adelante con sus planes, UWD recomendó a los dreamers que tienen la protección de DACA que renueven a tiempo sus permisos de trabajo. Y que tengan en cuenta que el servicio de inmigración demora entre 120 y 150 días en procesar los formularios para conceder las nuevas autorizaciones de empleo.

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