Hace escasas horas se ha destapado en Estados Unidos que el gobierno ha obtenido una orden judicial secreta para obligar a Google y al proveedor de Internet Sonic.net a entregar toda la información de las cuentas de correo electrónico del famoso hacker y voluntario de WikiLeaks, Jacob Appelbaum. Sin ser acusado de delito alguno, el diario The Wall Street Journal revela como la ISP ha luchado en secreto para evitar ofrecer la información hasta que se ha visto obligada. Por su parte, Google ha comentado que no dirá nada acerca de esta exclusiva del diario.

Jacob Appelbaum, de 28 años, ha sido en los últimos años uno de los hacker más activos en diferentes frentes. Activista pro-derechos humanos y miembro desarrollador de la herramienta de anonimato en la red Tor, Appelbaum ha sido parte del equipo de voluntarios de WikiLeaks. El hombre ha sido objeto de vigilancia en los últimos meses formando parte del reducido grupo de personas a los que el gobierno de Estados Unidos había intentado conseguir su información personal en Twitter.

El acoso al que había sido sometido hasta ahora incluía detenciones o interrogatorios en los aeropuertos por las agencias de Estados Unidos sin haber sido acusado de delito alguno ni el gobierno hablar sobre algún tipo de vigilancia en curso. Según el diario, este último movimiento por parte del gobierno rompería cualquier tipo de derechos de los usuarios y su privacidad, ya que se ha obligado a obtener los datos de un usuario sin acusación en curso.

El movimiento forma parte de la investigación que está llevando a cabo en estos momentos Estados Unidos contra WikiLeaks. Al parecer, el ISP Sonic habría dicho al diario por medio de su presidente Dane Jasper que ha estado luchando para que esta orden secreta no se llevara a cabo. Una lucha que finalmente ha perdido viéndose obligado a ceder ante las presiones del país a la vez que ha alertado a Appelbaum de la fuga obligatoria de la información personal de su correo. Google en cambio ha preferido no comentar nada sobre el tema.

Lo que el gobierno ha exigido a ambos es toda la información sobre los correos de Appelbaum, las direcciones de las personas con las que se hablaba y su correspondencia durante los dos últimos años.

La revelación de esta orden judicial secreta plantea grandes interrogantes en torno a la capacidad de las autoridades de Estados Unidos para obtener información sobre la correspondencia digital de las personas bajo la denominada Electronic Communications Privacy Act y si esta viola las garantías constitucionales sobre las búsquedas y seguimientos.

Similar a la Patriot Act, esta ley actúa por encima del resto y se salta cualquier derecho constitucional de los ciudadanos. Con ella el gobierno puede obtener información secreta de los correos electrónicos de los usuarios o del seguimiento de sus smartphones sin orden de allanamiento.

Creada en 1986, esta ley viola las protecciones a las que se hace referencia en la Cuarta Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos contra registros e incautaciones “no razonables”. Al haber sido aprobada antes del nacimiento de la World Wide Web, su aplicación en el espacio digital es difusa y probablemente “ilegal”. Quizá por esta razón el gobierno de Estados Unidos ha actuado bajo secreto para llegar a cabo el seguimiento e incautación del correo del hacker.